La necesidad y urgencia de una Ley Integral del Amianto es indiscutible. Solo hace falta que el Gobierno español abra los ojos. El amianto causa aproximadamente 255.000 muertes al año en el mundo, según el estudio encabezado por Jukka Takala, exdirector de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Esos cálculos más que duplican los oficiales de la OMS y OIT (107.000 muertes anuales). En la UE son 88.000 muertes al año, según el Comité Económico y Social.

El INE determina que en el Estado español entre 1999 y 2018 murieron por mesoteliomas, el cáncer más letal del amianto, 6.961 personas. En ese período en Alicante, por ejemplo, fueron 243 muertes. Por cada muerte por mesotelioma se debe multiplicar por entre 10 y 15 veces para conocer el impacto total del amianto asesino. Son casi 70.000 personas fallecidas.

Todavía en muchas empresas sigue existiendo. Hace unas semanas en Tubos Reunidos de Amurrio (Álava) han retirado algunos elementos con amianto. Ocurre en Metro Madrid y Metro Barcelona, mientras otros suburbanos callan. Y otras muchas empresas han desaparecido, como Fibrotubo de San Vicente del Raspeig, del grupo Uralita.

Pero el mineral cancerígeno se extiende por la geografía española con más de 2,4 millones de toneladas importadas, colocadas en colegios, hospitales, red de agua y saneamiento, empresas, equipos de producción, tejavanas… Sigue entre nosotros, el riesgo se ha generalizado. Hay que pararlo.

Hace unos días la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, remitió una misiva al Parlamento Vasco indicando que retomarán en breve los trabajos del Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto. Lleva un retraso considerable. Ese fondo es un punto de la Ley Integral del Amianto que se está impulsando para limpiar el Estado español. Es obligación del Gobierno español de llevarla adelante. Es hora.

Juanjo Basterra

Periodista

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