J.M.Penadés

 
Es urgente y necesario exigir al Gobierno un nuevo Decreto que paralice realmente todos los desahucios y desalojos de personas vulnerables, al menos mientras duren los efectos de la pandemia sanitaria o no se garantice por ley este derecho constitucional al tiempo que garanticen los suministros básicos de agua, luz y gas. No hay más excusas.  Si la vivienda ya era una necesidad básica vertebradora de otros derechos fundamentales, como la salud, la educación, la intimidad, la seguridad, o el desarrollo y crecimiento personal, la COVID-19 ha demostrado que la vivienda es, además, la primera línea de defensa contra la pandemia. La posibilidad de perder tu casa o que te corten el agua, la luz o el gas, es una vulneración clara de los derechos humanos y de los acuerdos internacionales firmados por España, pero hacerlo en plena pandemia es, además, un sin sentido que la ciudadanía no puede entender ni aceptar. 


¿Con qué autoridad moral nos pide este gobierno que nos quedemos en casa si no hace nada para que las familias vulnerables no se queden sin ella? No se entiende que este gobierno llamado progresista esté del lado de los grandes propietarios, de la banca, de los fondos buitre o de las SOCIMIS y no de familias vulnerables que debido a que no pueden pagar su alquiler, hipoteca o se hayan visto obligadas a ocupar por la falta de parque público, son lanzadas a la calle poniendo en peligro su salud y la de su entorno. Es el momento de avanzar y no de engañar con moratorias insuficientes. Si ahora la economía y la política no entienden que la especulación tiene un límite, el de la vida humana, se acabará la esperanza de una sociedad justa y civilizada.  Sin embargo, la Plataforma Anti Desahucios, junto a centenares de colectivos en defensa del derecho a la vivienda, miles de personas y la mayoría de partidos políticos de izquierdas sí elevan su voz para decir que la vivienda tiene un valor humano y social por encima del valor mercantilista. A todos los partidos piden que no sea posible aprobar los próximos presupuestos del Estado sin antes paralizar todos los desahucios de familias vulnerables. Al Gobierno solicitan que rectifique y piense en la ciudadanía que debe proteger. 

 En el horizonte de una nueva Ley de Vivienda Estatal, anunciada por el Sr. Ábalos, el PSOE debe entender que el camino conjunto a recorrer empieza hoy, con un paso de mínimos: acabar con los desahucios. El derecho a la vivienda y los derechos humanos deberían ser bandera de todos los partidos, ya que los desahucios afectan a personas de todo el abanico ideológico. 

 El PP, C’s o VOX intentan poner reglas de juego a medida de la banca, el IBEX y los grandes propietarios; pero esto no va de partidos, sino de derechos. El PSOE debe decidir con quién  se alinea, al igual que otros partidos silenciosos. Un auténtico escudo social no puede permitir un desahucio más, ni un corte de suministros más, ni continuar dejando atrás a personas vulnerables. Ahora más que nunca.

Hay vidas en juego. Basta de palabras y titulares, la ciudadanía necesita hechos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *