Francisco Jesús García García

En el más espeso de los silencios mediáticos se está celebrando estos días en Londres el juicio de extradición de Julian Assange, mundialmente conocido por el denominado caso Wikileaks, la difusión en 2010 de casi tres cuartos de millón de documentos secretos sobre la intevención americana en Irak y Afganistán. Wikileaks mostró al mundo que la supuesta guerra al terrorismo islámico no fue más que una extensa e intensa actividad de detenciones extrajudiciales, torturas, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos. 

La muy cacareada libertad de prensa de las democracias occidentales mutó inmediatamente en acusaciones de expionaje a Assange: en diciembre del mismo año Assange fue detenido en Londres y diecisiete meses después se acordó su extradición  a USA, de la que se libró de momento refugiándose en la embajada de Ecuador, en la que “vivió” encerrado en un despacho hasta que en abril de 2020, en medio de la pandemia,  volvió a ser detenido -una década después- y conducido de nuevo ante el tribunal de extradición. 

La estrategia de desacreditar y perseguir implacablemente a todo aquel que se sale del guión de la ortodoxia en el poder es tan vieja como la civilización. En ella se basó  la acumulación de poder que dio lugar a los imperios, tanto los territoriales, por ejemplo el austrohúngaro, como los virtuales, de los que el mejor y más antiguo ejemplo -pero no el único- es la milenaria Iglesia. 

Los Estados modernos, sucesores de los imperios, vinculados entre sí por sutiles relaciones de dependencia económica que generaron redes más amplias y seguras que las imperiales,  heredaron el mismo mecanismo. De Vercingétorix a Assange pasando por Viriato, Atahualpa, Antonio Pérez del Hierro, Giordano Bruno, Lavalle, Trotsky, Sankara, Lubamba  o Sadam Hussein, por citar algunos casos aparentemente muy distintos, el mismo guión se repite en inagotables y variadas versiones: el que la hace, la paga.

El objetivo es elemental, disuadir a otros de toda pretensión de contravenir los intereses del poder a la vista de las consecuencias que se generaron en quienes lo intentaron.

Es en el contexto de esa estrategia en la que cabe interpretar muchos de los sucesos de la política cotidiana en todo el mundo. Y muchas de las sucesiones o pautas históricas de acontecimientos.

De entre los últimos presidentes de la Generalitat Catalana, Lluís Companys murió fusilado, Josep Irla i Bosch murió en el exilio “viejo, enfermo y pobre”, Josep Tarradellas pasó 37 años exiliado, Jordi Pujol, que fue un ensalzado modelo de político mientras apoyó la estabilidad del Gobierno central,  acabará sus días acusado a posteriori de corrupción por apoyar las veleidades independentistas de sus sucesores al frente de la Generalitat catalana.  Artur Mas  fue inhabilitado por haber organizado en 2014 un proceso participativo sobre el futuro político en Catalunya, Carles Puigdemont está exiliado en Waterloo por un motivo similar y  Quim Torra Plà acaba de ser inhabilitado -y por lo tanto destituido- por el Tribunal Supremo del Estado Español por negarse a retirar una pancarta de un balcón. ¿Sufre el Palau de la Plaça de Sant Jaume una  maldición a lo Tutankamón?. Pues en cierto sentido, sí.

Es la misma maldición que va a llevar muy pronto a Julian Assange a cumplir casi dos siglos de prisión en los Estados Unidos de América.

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