INSEGURIDAD INSTITUCIONAL.

El primer deber de cualquier administración pública que se precie es procurar dotar a todos los ciudadanos de unos servicios básicos mínimos que faciliten no solo su existencia, sino también su prosperidad. Es obvio que hablamos de unos mínimos solo discutidos por una minoría como son la sanidad, la educación y, cómo no, la seguridad de las personas. A nadie se le ocurre que no exista una seguridad pública de garantías para la integridad de las personas y la defensa de la sociedad en general. En palabras más llanas, que exista una policía que regule la convivencia entre todos los ciudadanos y haga cumplir las leyes que emanan de la soberanía popular expresadas a través de las instituciones democráticas.

Detrás de este principio incontrovertible de cualquier sistema de convivencia pública, por desgracia nos encontramos con un concepto que para algunos sí empieza a ser más difuso: la gestión. No es de izquierdas ni derechas que nuestras policías tengan los medios humanos y materiales necesarios para cumplir su misión, es simplemente de sentido común. Pero como parece que es el menos común de los sentidos, de vez en cuando hay que resetear y volver al principio, que es lo que ha ocurrido con el Consell de socialistas, nacionalistas y ahora populistas.

DEJADEZ O INACCIÓN.

La dejadez o inacción de los ¿responsables? políticos de la Generalitat va a provocar en meses una situación cuanto menos inquietantes en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. La próxima jubilación de un millar de agentes locales, unido a la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe el mantenimiento de interinos como policías locales, va a mermar sobremanera estos Cuerpos de Seguridad. Calculamos que unos dos mil policías locales dejarán de patrullar las cosas, vigilar los campos y ejercer sus funciones porque a nadie en la Generalitat Valenciana le ha preocupado este asunto.

Enredados en temas políticos, algunos ciertamente más importantes que otros, se ha pasado por alto que con las uvas habrá dos mil policías menos. Y ahora nos encontramos con que no hay tiempo material para que los ayuntamientos convoquen en tiempo y forma los concursos para cubrir estas plazas. Ni mucho menos para formar a los aspirantes y que puedan ejercer con plenas competencias sus labores en la calle.

PARCHES DEL CONSELL.

¿Qué ha pasado para que lleguemos a esta situación? Nada realmente. Ese es el problema. La Ley de Policías Locales aprobada por el Consell hace dos años no ha servido para paliar estos problemas, sus parches solo han hecho que llevarnos a un punto de no retorno en un tema tan crucial como la seguridad ciudadana.

De estos dos mil puestos, unos 350 corresponden a la provincia de Alicante. Por poner ejemplos concretos, en Alicante hay 60 agente interinos de una plantilla aproximada de 300 efectivos, que dejarán de prestar servicio a finales de diciembre sin que el Ayuntamiento pueda hacer nada al respecto. Y así casos como Torrevieja, con 80 agentes en una interinidad alegal; Elche; Benidorm y casi todas las localidades de la provincia.

            En algunas localidades hemos visto cómo la nula gestión de sus responsables municipales ha provocado que en algunos municipios no haya patrullas nocturnas, mínimos efectivos para la seguridad de los ciudadanos. Estas situaciones se pueden agravar si la Generalitat no se pone las cosas y crea una legislación ‘ad hoc’ que permita sacar a tiempo las plazas y resolver el concurso para los agentes que se jubilan y los que están como interinos.

            Nunca será una solución definitiva, puesto que no basta con resolver los concursos y adjudicar las plazas. La segunda parte viene de los cuatro meses de formación que todo agente tiene que pasar en la sede que el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) tiene en Cheste. Como mínimo, estos dos mil agentes no podrían incorporar con plenas funciones hasta abril de 2020. Como poco. Permítanme la licencia irónica y lo den estos datos a los cacos, por favor.

            De un problema deriva el siguiente. Por muy buenas instalaciones que tenga el Ivaspe en Valencia, desde el Partido Popular dudamos que pueda atender a dos mil agentes en cuatro meses. Hemos pasado de cursos de veinte agentes a realizar el mismo para 75. En educación no valen aulas sobresaturadas, ni para Primaria ni mucho menos para una formación tan específica donde, literalmente, los estudiantes se juegan la vida.

PUIG PIENSA EN CONSELLERÍAS O DIRECCIONES GENERALES.

            Mientras Ximo Puig piensa cuál va a ser la nueva conselleria que abra o qué nuevas direcciones generales va a abrir, faltan policías  e instalaciones para su formación. Los socialistas lo saben, por eso anunciaron en 2016 que crearían una sede del Ivaspe en Alicante. Pero, como casi siempre con este Consell, del anuncio no se ha pasado al hecho.

            El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para que la Generalitat Valenciana construya estas instalaciones en Alicante, y otras similares en Castellón. De esta forma, tendremos la certeza de que nuestros policías están bien formados, en primer lugar, y no castigamos a los municipios de Alicante y Castellón a tener que sufragar la manutención de los agentes durante cuatro meses mientras se realizan los cursillos.

            En definitiva, se trata de dar certidumbre tanto a los agentes como a los ayuntamientos de que saldrán profesionales perfectamente preparados, y sin tanto coste para los ciudadanos. Certidumbre y seguridad, dos conceptos que toda Administración pública debe tener como pilar básico en su actuación y que, ahora, por desgracia no ocurre. Desde el Partido Popular sí lo tenemos claro; si ni el PSOE ni Compromís, como parece que tampoco Podemos, trabajaremos para que así sea y no haya más estas situaciones de inseguridad institucional como las que nos ha abocado la inacción del Consell.

                                                           Adrián Ballester Espinosa

Diputación del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas

2 pensamientos sobre “INSEGURIDAD INSTITUCIONAL.

  1. Es una buena descripción de la actuación de la Generalitat, pero incompleta respecto al problema en conjunto, dado que ésta situación tiene más culpables y son los ayuntamientos de todo signo político del País Valencià.

    La ley 17/2017 ,de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, entró en vigor en enero de 2018 y ya liquidaba la figura del interino de Policía Local y sin embargo la dejadez de los ayuntamientos ha hecho que ese problema se haya enquistado. Se llegó a modificar ésta ley por parte de la Generalitat y a petición de éstos porque les pillaba el toro en 2018 y ahora pasada la mitad de 2019 hay ayuntamientos que siguen pidiendo que se modifique neuvamente para seguir con los interinos actuales y nombrar nuevos.

    Un saludo

  2. Bueno, la crítica está bien, pero habrá que recordar que la “17/17” sustituye a la 6/99, es decir, 19 años de “ley de descoordinación” que ha sido la olla a presión donde se ha cocinado este empastre… O me dice usted que los interinos llevan “dos días”?… Llevan años gracias a los anteriores gobiernos del PP… Y si quiere no darle información a los cacos… No les diga que ha habido y hay interinos patrullando por la noche, que no hay base de datos conjunta, que no hay diligencias conjuntas, que no hay protocolos conjuntos, que no hay “una policía local” hay cientos, cada una dependiente de su ayuntamiento y, por supuesto que aún tenemos que tirar de teléfono en muchos sitios para saber antecedentes…
    Seguridad? La seguridad podían haberla mejorado ustedes en su día, tuvieron “su ley” 19 años… Y nada, seguimos igual con los de ahora y con ustedes antes…

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